Cuando hablamos de FATF, el Grupo de Acción Financiera Internacional, encargado de establecer estándares contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, también conocida como Financial Action Task Force, estamos tocando el eje central de la regulación cripto global. La FATF define los llamados “requisitos de debida diligencia” que los exchanges, custodios y proveedores de servicios deben aplicar, y sus guías influyen directamente en normativas locales como la MiCA europea o el GENIUS Act estadounidense. Uno de sus instrumentos más controvertidos es la “Travel Rule”, que obliga a compartir datos de remitente y receptor en cada transferencia superior a 1 000 USD, algo que afecta tanto a wallets personales como a plataformas de DeFi.
Un concepto que siempre aparece junto a la FATF es AML, el marco de Anti‑Money Laundering que obliga a identificar clientes y reportar actividades sospechosas. Sin un programa AML sólido, cualquier proyecto cripto corre el riesgo de ser bloqueado o sancionado. Otro actor clave es la MiCA, el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea, que traduce las directrices de la FATF a reglas vinculantes para stablecoins, tokens de inversión y plataformas de trading dentro de la UE. MiCA exige, por ejemplo, que los emisores de stablecoins mantengan reservas auditables y que los proveedores de servicios implementen controles KYC alineados con la Travel Rule.
Los stablecoins, criptomonedas vinculadas a una moneda fiat o activo estable son un punto caliente para la FATF porque su uso masivo facilita transferencias transfronterizas rápidas. La organización exige que los emisores implementen controles de origen de fondos y mantengan reservas verificables, lo que a su vez obliga a los exchanges a adaptar sus procesos AML. En la práctica, la FATF requiere que los exchanges apliquen los “principios de riesgo” de la entidad, influye en la estructura de gobernanza de los proyectos de stablecoin y determina los requisitos de informes para autoridades nacionales. Plataformas como Xcalibra exchange o TYSLIN, citadas en nuestros artículos, ya han incorporado módulos de verificación automática para cumplir con la Travel Rule y evitar sanciones.
En América, el GENIUS Act, la propuesta legislativa estadounidense que adapta los estándares FATF a la normativa local, complementa la labor de la FATF al imponer sanciones a plataformas que no cumplan con los procesos KYC/AML. Esta propuesta fuerza a los proveedores de servicios a validar la identidad del usuario antes de cualquier operación superior a 2 000 USD y a reportar actividades sospechosas en tiempo real. La interacción entre la FATF, el GENIUS Act y la normativa local crea un ecosistema donde cada nuevo token, airdrop o exchange debe evaluar su exposición a la supervisión internacional antes de lanzar al mercado.
En la colección de artículos que sigue, encontrarás análisis de casos reales donde la FATF ha marcado la diferencia: desde la prohibición del mercado cripto en Argelia hasta la clasificación de trading y pagos en Vietnam, pasando por la regulación de stablecoins bajo MiCA y el impacto del GENIUS Act. Cada pieza te brinda herramientas prácticas para alinear tu proyecto con las normas internacionales, diseñar políticas AML efectivas, y evitar sorpresas regulatorias que puedan frenar tu crecimiento. Así que, si quieres entender cómo cumplir con los requisitos de la FATF sin perder agilidad, sigue leyendo; la información que tienes a continuación te ayudará a navegar con seguridad por el complejo panorama regulatorio.
Descubre qué exige la normativa AML para criptomonedas en 2025, cómo cumplir la Travel Rule, requisitos por región y pasos prácticos para tu negocio cripto.
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