Cuando hablamos de requisitos AML KYC, conjunto de normas que obligan a los servicios de cripto a identificar y monitorizar a sus usuarios. También se le conoce como normas anti‑lavado y KYC, y su objetivo es impedir que la cadena de bloques sirva para blanquear dinero. En la práctica, cumplir con estos requisitos implica recolectar datos personales, validar documentos y aplicar controles continuos. Travel Rule, obligación de compartir información del remitente y del receptor entre plataformas al mover fondos es una pieza clave dentro del marco AML KYC, mientras que el FATF, organismo internacional que define los estándares contra el lavado de dinero actualiza cada año los lineamientos que los países deben adoptar. Así, requisitos AML KYC abarca verificación de identidad, análisis de transacciones y reporte de actividades sospechosas.
En la Unión Europea, la directiva MiCA incorpora los requisitos AML KYC en su tejido regulatorio, exigiendo licencias específicas para exchanges y custodios. En Estados Unidos, la Travel Rule se interpreta a través de normas como BitLicense, DFPI y SPDI, lo que obliga a los proveedores a integrar soluciones de verificación automática. En Latinoamérica, reguladores como la CMF de Chile o la Superintendencia de Bancos de Perú han adoptado versiones locales del FATF, forzando a los operadores a mantener bases de datos de clientes y reportar transacciones sospechosas. Cada jurisdicción adapta los requisitos a su marco legal, pero el principio sigue siendo el mismo: conocer al cliente y monitorizar el flujo de fondos.
Primer paso: diseñar un proceso de KYC sólido. Esto incluye la captura de nombre completo, dirección, documento de identidad (pasaporte, DNI o licencia) y, en muchos casos, una prueba de origen de fondos (extracto bancario, contrato de trabajo, etc.). Segundo paso: aplicar niveles de verificación. Un KYC básico sirve para usuarios con bajo volumen de operaciones, mientras que un KYC reforzado (Enhanced Due Diligence) es obligatorio para transacciones superiores a 10 000 USD o para clientes de alto riesgo. Tercer paso: integrar herramientas de análisis on‑chain que rastreen patrones de lavado, como transacciones en mixers, wallets de dark web o movimientos repentinos entre exchanges.
Cuarto paso: establecer políticas de retención de datos. La mayoría de los reguladores piden guardar la información mínima durante al menos cinco años, y asegurarse de que los datos estén protegidos bajo normativas de privacidad como el GDPR en Europa. Quinto paso: crear un flujo de reporte interno. Cada alerta de posible lavado debe ser revisada por un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) y, si procede, remitida a la autoridad competente mediante un SAR (Suspicious Activity Report). Finalmente, el sexto paso es la actualización continua: el FATF publica anualmente nuevas recomendaciones, y la Travel Rule se ha ampliado para incluir activos digitales, por lo que las políticas internas deben revisarse al menos una vez al año.
Un error frecuente es tratar el cumplimiento como una tarea aislada. En realidad, los requisitos AML KYC influyen directamente en la experiencia del usuario; un proceso demasiado engorroso repele a clientes, mientras que uno demasiado laxo genera sanciones. La clave está en equilibrar seguridad y usabilidad mediante soluciones de verificación digital que usan reconocimiento facial, OCR y biometría. Estas tecnologías reducen el tiempo de onboarding de minutos a segundos y mantienen la calidad de los datos, cumpliendo al mismo tiempo con la Travel Rule y los estándares del FATF.
En el ecosistema DeFi, la aplicación de AML KYC es más compleja porque muchas plataformas son anónimas por diseño. Sin embargo, reguladores como la SEC en EE.UU. y la ESMA en Europa están exigiendo a los proveedores de infraestructura (por ejemplo, aggregators y bridges) que implementen mecanismos de identificación. Por eso, proyectos como Astroport o los AMM en Cosmos están explorando soluciones de identidad descentralizada (DID) que permiten a los usuarios mantener el control de sus datos mientras cumplen con los requisitos AML KYC cuando sea necesario.
Además de los requisitos tradicionales, la normativa sobre stablecoins añade capas extra. La MiCA y el GENIUS Act en EE.UU. requieren que los emisores de stablecoins mantengan reservas auditables y reporten información de los titulares, lo que se traduce en otro nivel de KYC/KYB (Know Your Business). Si tu proyecto incluye una stablecoin, deberás registrar a tus usuarios y a tus partners comerciales bajo los mismos criterios AML.
Lo que sigue es una selección de artículos que cubren casos concretos: desde cómo la normativa vietnamita diferencia trading y pagos, hasta guías paso a paso para cumplir con la Travel Rule en exchanges como Xcalibra o TYSLIN. Cada publicación te brinda ejemplos, riesgos y herramientas prácticas para que puedas aplicar los requisitos AML KYC en tu proyecto cripto sin tropiezos. Sigue leyendo y descubre cómo adaptar tu negocio a la normativa global.
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