Introduce tus datos para evaluar si tu operación de minería de criptomonedas es viable bajo el régimen de racionamiento eléctrico y obligaciones fiscales en Kazajistán.
Consumo de energía permitido: 0 MWh
Costos fijos: 0 USD
Comisiones de plataforma: 0 USD
Impuesto del 15%: 0 USD
Beneficio neto: 0 USD
Veredicto:
El Racionamiento eléctrico para minería de criptomonedas en Kazajistán es un conjunto de normas que limita la compra de energía por parte de granjas de minería y obliga a la venta de la mayor parte de los activos en plataformas reguladas surgió después de que China prohibiera la actividad en 2021, provocando una ola de operadores que se trasladaron a Kazajistán atraídos por los bajos costes energéticos.
Desde entonces, el país ha buscado equilibrar dos objetivos: aprovechar el potencial económico de la Minería de criptomonedas es el proceso de validar transacciones en blockchains mediante el consumo de energía eléctrica y garantizar el suministro de electricidad para la población y la industria tradicional. El resultado es un sistema de racionamiento eléctrico que combina control estatal, licencias limitadas y una cuota obligatoria de venta en el Astana International Financial Centre (AIFC) es la plataforma oficial donde los mineros deben liquidar al menos el 75 % de sus criptomonedas.
En 2021, tras la prohibición china, Kazajistán recibió aproximadamente 400 000 equipos de minería, lo que triplicó el consumo eléctrico nacional. El Gobierno, a través del Ministerio de Energía de Kazajistán responsable de la planificación y distribución de la energía eléctrica, diseñó un mercado estatal donde cada compra debe registrarse y está limitada a 1 MWh por transacción. El objetivo era evitar apagones y proteger a los consumidores residenciales.
El proceso está estructurado en varios pasos:
El esquema implica varios costes fijos y variables:
Para una granja mediana (≈30 MW de potencia instalada), estos gastos pueden representar entre 10 y 15 % del gasto operativo total.
En octubre de 2025, la Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) entidad estatal encargada de prevenir actividades financieras ilícitas y el Comité de Seguridad Nacional (KNB) cuerpo de seguridad que investiga delitos graves descubrieron una red que desviaba más de 50 MWh de energía, con un valor estimado de 9 mil millones de tenge (≈16,5 M USD) en dos años.
Los culpables, empleados corruptos de una compañía eléctrica regional, vendían electricidad destinada a hogares, hospitales y fábricas a granjas clandestinas. La energía robada equivalía al consumo de una ciudad de 50 000‑70 000 habitantes. Los beneficios se invirtieron en bienes de lujo (dos apartamentos en la capital y cuatro vehículos), que fueron incautados por orden judicial.
Los defensores, como el analista energético Tuleushin, señalan que la minería puede absorber excedentes de generación, especialmente en momentos de baja demanda. Sin embargo, los desafíos son evidentes:
Atributo | Minería legal | Minería ilegal |
---|---|---|
Estado regulatorio | Licencia oficial y registro de equipos | Sin licencia, actividad clandestina |
Fuente de energía | Compra a través del mercado estatal (1 MWh límite) | Desvío de energía residencial e industrial |
Impuestos | 15 % sobre beneficios | Sin tributación |
Obligación de venta | 75 % de criptoactivos en AIFC | Retención total y venta en mercados black‑hat |
Riesgo de sanciones | Multas y suspensión de licencia | Incautación de equipos, multas y cárcel |
La tabla muestra que la legalidad aporta claridad fiscal y menor exposición a riesgos penales, pero implica costos administrativos y restricciones operativas. La ilegalidad permite mayor flexibilidad de consumo, pero con altos riesgos de persecución y pérdidas potenciales.
Con la propuesta del Programa 70/30 de energía plan que busca que inversores extranjeros financien mejoras térmicas, destinando el 70 % de la producción al red nacional y el 30 % a la minería, se prevé una expansión controlada de la capacidad de minería legal. Los expertos recomiendan:
Adoptar estas prácticas no garantiza la ausencia de problemas, pero sí reduce la probabilidad de enfrentarse a multas o a la pérdida de equipos.
Se necesita presentar una solicitud al Ministerio de Energía, registrar todos los equipos de minería, demostrar capacidad financiera para pagar la tarifa anual (≈10 000 USD) y firmar un compromiso de cumplir con el límite de 1 MWh por compra.
Hasta 2024, los mineros debían vender la mitad de sus criptoactivos en la plataforma oficial. Desde 2025, la normativa exige el 75 %, lo que aumenta la supervisión estatal y reduce la cantidad de monedas que pueden retener para uso interno.
La AFM y el KNB pueden incautar los equipos, imponer multas que superan los 1 millón de tenge y, en casos graves, procesar a los responsables con penas de prisión.
Sí, el programa está diseñado para atraer inversión extranjera en infraestructura térmica. Los inversores deben firmar acuerdos que garanticen el suministro de 30 % de la energía generada a las granjas de minería con licencia.
Todas las compras se registran en la plataforma estatal, que asigna un identificador único a cada transacción. Los mineros deben presentar reportes trimestrales que el Ministerio de Energía compara con los datos de consumo de la red.
Martina Eigner
octubre 18, 2025 AT 09:34¡Increíble! La situación en Kazajistán suena como una telenovela de energía-¡cortocircuitos, drama y regulaciones que dejan sin aliento!!! ¿Quién pensó que la minería de cripto podría convertirse en un culebrón nacional???
Rocío Mateo
octubre 21, 2025 AT 07:01Vaya, parece que el gobierno está jugando al ajedrez con los mineros, moviendo piezas de MWh como si fueran fichas de Monopoly. La historia es digna de una serie de Netflix, pero con menos glamour y más kilovatios.